De los temas incluidos en el Acuerdo Social y Económico, el único concretado es la propuesta de "Reforma y fortalecimiento del Sistema Público de Pensiones" que se presenta en el Parlamento para su posible aprobación. De todo lo discutido durante esta semana, a favor y en contra, quizás lo más importante son dos puntos: uno, la necesidad de la propia reforma y, el otro, el de la oportunidad de la reforma en el momento de la crisis actual. Otro día hablaremos de los efectos económicos de la reforma.
Respecto a la necesidad de la reforma hay que basarla en los datos demográficos y sociales que la justifican. El informe presentado por la Comisión no permanente de los Pactos de Toledo lo explica claramente: la baja natalidad y el aumento de la esperanza de vida de los españoles están llevando a un envejecimiento de la población que lleva a que cada vez seamos más los que cobran una pensión pública y menos los que cotizan para pagarlas.
En concreto, los cálculos y previsiones realizados en la comisión permiten asegurar que de los 8,7 millones de pensionistas actuales se aumentará en 2025 hasta 11 millones. Aunque es difícil estimar cuantos cotizantes habrá en ese momento porque dependerá de la evolución y crecimiento económico, la Seguridad Social estima que el sistema entraría en déficit para 2023 y el fondo de reserva podría cubrirlo solamente hasta 2029.
Por lo tanto, se trata de una reforma que intenta asegurar la viabilidad financiera del sistema de reparto que tenemos. Al discutir sobre el mismo y entrar en los detalles del aumento de la edad de jubilación y de los años de cotización para alcanzar el ciento por ciento de la pensión es necesario reflexionar sobre el diferente punto de vista generacional. La generación que empieza ahora a cobrar la pensión o las que ya lo están cobrando tienen asegurado su cobro aunque no se haga la reforma y solo les preocupa si aumenta o disminuyen, pero las generaciones del llamado baby boom, nacidas en los sesenta y setenta, son las que tendrían que estar más interesadas en la reforma porque si no se hace el sistema actual no será sostenible. Existe por lo tanto un conflicto de intereses generacionales que se haya implícito en las discusiones planteadas.
Con esta reflexión previa, podemos comenzar a discutir sobre la oportunidad de la reforma. La comisión lleva años estudiando los datos y somos muchos los economistas que hemos comentado su necesidad, pero ninguno de los Gobiernos anteriores se atrevió a iniciarla. El argumento más utilizado en su contra es que esta reforma puede ser contraindicada en un momento en que se continúa destruyendo empleo y tenemos un paro muy elevado. Se aduce que al prolongar los años de actividad de los trabajadores se impedirá la incorporación de los jóvenes al mundo laboral.
Sin embargo, la reforma propone iniciar el aumento de la vida laboral a partir de 2013 y lo que es más importante, hacerlo de forma gradual, un mes por año hasta 2020 y dos por año hasta llegar a los 67 años en 2027. Es de esperar que dentro de unos años la crisis habrá pasado y estaremos en un escenario de creación de empleo. Es cierto que hay que corregir defectos de nuestro sistema como impedir que la Seguridad Social cargue con costes derivados de las prejubilaciones con tretas como enviar al paro a empleados que en realidad están prejubilados, equiparar la cobertura de los autónomos y luchar contra el fraude de una economía sumergida en la que no se cotiza a la Seguridad Social.
Otro elemento importante introducido en la reforma es el periodo exigido de cotización para cobrar una pensión, hasta ahora de 15 años. Como siempre el ingenio ha llevado a que personas que no habían cotizado y por tanto se habían ahorrado esa contribución comenzando a hacerlo 15 años antes de jubilarse. No todas las personas (en especial las mujeres) contribuyen más al final de su vida laboral, las hay que durante su juventud lo hicieron y después interrumpieron su cotización por diferentes causas. Lo justo sería incluir todas las cotizaciones de la vida laboral en el cálculo de la pensión. La reforma también lo plantea de forma gradual hasta contemplar la vida laboral de 25 años en a partir de 2022.
ElPais
Respecto a la necesidad de la reforma hay que basarla en los datos demográficos y sociales que la justifican. El informe presentado por la Comisión no permanente de los Pactos de Toledo lo explica claramente: la baja natalidad y el aumento de la esperanza de vida de los españoles están llevando a un envejecimiento de la población que lleva a que cada vez seamos más los que cobran una pensión pública y menos los que cotizan para pagarlas.
En concreto, los cálculos y previsiones realizados en la comisión permiten asegurar que de los 8,7 millones de pensionistas actuales se aumentará en 2025 hasta 11 millones. Aunque es difícil estimar cuantos cotizantes habrá en ese momento porque dependerá de la evolución y crecimiento económico, la Seguridad Social estima que el sistema entraría en déficit para 2023 y el fondo de reserva podría cubrirlo solamente hasta 2029.
Por lo tanto, se trata de una reforma que intenta asegurar la viabilidad financiera del sistema de reparto que tenemos. Al discutir sobre el mismo y entrar en los detalles del aumento de la edad de jubilación y de los años de cotización para alcanzar el ciento por ciento de la pensión es necesario reflexionar sobre el diferente punto de vista generacional. La generación que empieza ahora a cobrar la pensión o las que ya lo están cobrando tienen asegurado su cobro aunque no se haga la reforma y solo les preocupa si aumenta o disminuyen, pero las generaciones del llamado baby boom, nacidas en los sesenta y setenta, son las que tendrían que estar más interesadas en la reforma porque si no se hace el sistema actual no será sostenible. Existe por lo tanto un conflicto de intereses generacionales que se haya implícito en las discusiones planteadas.
Con esta reflexión previa, podemos comenzar a discutir sobre la oportunidad de la reforma. La comisión lleva años estudiando los datos y somos muchos los economistas que hemos comentado su necesidad, pero ninguno de los Gobiernos anteriores se atrevió a iniciarla. El argumento más utilizado en su contra es que esta reforma puede ser contraindicada en un momento en que se continúa destruyendo empleo y tenemos un paro muy elevado. Se aduce que al prolongar los años de actividad de los trabajadores se impedirá la incorporación de los jóvenes al mundo laboral.
Sin embargo, la reforma propone iniciar el aumento de la vida laboral a partir de 2013 y lo que es más importante, hacerlo de forma gradual, un mes por año hasta 2020 y dos por año hasta llegar a los 67 años en 2027. Es de esperar que dentro de unos años la crisis habrá pasado y estaremos en un escenario de creación de empleo. Es cierto que hay que corregir defectos de nuestro sistema como impedir que la Seguridad Social cargue con costes derivados de las prejubilaciones con tretas como enviar al paro a empleados que en realidad están prejubilados, equiparar la cobertura de los autónomos y luchar contra el fraude de una economía sumergida en la que no se cotiza a la Seguridad Social.
Otro elemento importante introducido en la reforma es el periodo exigido de cotización para cobrar una pensión, hasta ahora de 15 años. Como siempre el ingenio ha llevado a que personas que no habían cotizado y por tanto se habían ahorrado esa contribución comenzando a hacerlo 15 años antes de jubilarse. No todas las personas (en especial las mujeres) contribuyen más al final de su vida laboral, las hay que durante su juventud lo hicieron y después interrumpieron su cotización por diferentes causas. Lo justo sería incluir todas las cotizaciones de la vida laboral en el cálculo de la pensión. La reforma también lo plantea de forma gradual hasta contemplar la vida laboral de 25 años en a partir de 2022.
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